El gasto público desempeña un papel determinante en la estabilidad y el crecimiento económico de un país. La globalización económica y sobre todo financiera acontecida desde finales del siglo pasado, ha ido creando nuevas dinámicas que han complicado la consecución de objetivos económicos y los efectos de las políticas de gasto público en la economía interna. El equilibrio a largo plazo de las finanzas públicas está influenciado por los ingresos obtenidos vía impuestos principalmente, y sobre todo por los gastos que el sector público realiza, el cuál viene a representar un porcentaje elevado de su Producto Interior Bruto, y en concreto, hay países donde la importancia relativa del gasto más la inversión es incluso mayor que lo que representa el sector privado.
Desde un punto de vista económico, el gasto público puede dividirse en: gasto corriente o consumo público, gasto en capital y transferencias. El primer tipo de gasto engloba la compra de bienes y servicios por parte de las administraciones públicas, y sobre todo el gasto en salarios a los funcionarios y personal laboral al servicio de éstas. En el capítulo de capital, se incluye las inversiones y los gastos en infraestructura con el fín de incrementar el capital físico de la economía, además de su mantenimiento, con el fin de mejorar la capacidad productiva del país. Por último, están las transferencias que se componen básicamente de las pensiones públicas, los subsidios de desempleo, las prestaciones sanitarias, etc. Lo que caracteriza a las transferencias es que el estado no recibe ninguna contraprestación por parte de las personas, empresas o entes que recibe dichos fondos.
El gasto junto con los ingresos que obtiene un estado conforman el presupuesto, que representa la cuenta de resultados anual de la economía, y esto implica que si los ingresos son mayores que los gastos se produce superhávit presupuestario, y al contrario se produce un déficit. Cuando los ingresos son sistemáticamente menores que los gastos se produce un déficit crónico que termina acumulándose en la deuda pública que emite el estado para financiar dicho desequilibrio. Tanto los ingresos fiscales como el gasto público son dos herramientas de política económicas que junto con las reformas estructurales y las medidas coyunturales forman el cuerpo de estratégias que los gestores públicos pueden utilizar para conseguir objetivos económicos y sociales.
El gasto de las administraciones públicas tiene que cubrir una serie de servicios y actuaciones. En concreto, debe financiar unos servicios públicos básicos como puede ser la justicia, la seguridad ciudadana y la defensa. También debe pagar aquellas partidas de gasto social destinadas a pensiones, desempleo, servicios sociales, sanidad, educación y otras prestaciones de la Seguridad Social. Existen acciones específicas en materias como infraestructuras, investigación y desarrollo, industria, energía, agricultura y pesca, comercio y turismo. Y finalmente, debe sufragar los gastos de estructura de la organización administrativa del estado y los intereses de la deuda pública. Como se puede observar, son muchas las partidas a financiar en el desarrollo de su política económica, pero realmente el grueso de gasto público se concentra en pocas partidas como pueden ser sanidad, educación, pensiones, desempleo e intereses de la deuda pública, las cuáles vienen a representar los pilares básicos del modelo de estado de bienestar en Europa.
Durante los últimos años no se ha evaluado correctamente los beneficios que determinado gasto puede generar en la economía, teniendo en cuenta que los costes impositivos deberán ir en consonancia con los gastos. Hay que tener presente también que es difícil determinar qué volumen de gasto público es esencial en una economía, y cuál de ellos representan los pilares de un funcionamiento correcto del estado. Lo que sí se observa es que la partida que más ha aumentado durante las últimas décadas ha sido las dirigidas a gasto social, y un perfil óptimo de eficiencia es conseguir los objetivos marcados con el mínimo coste posible. De otra manera, además de ser un gasto no productivo, ni siquiera consigue una correcta redistribución de la renta, y por tanto termina siendo deuda que hipoteca el futuro.
Desde un punto de vista económico, el gasto público puede dividirse en: gasto corriente o consumo público, gasto en capital y transferencias. El primer tipo de gasto engloba la compra de bienes y servicios por parte de las administraciones públicas, y sobre todo el gasto en salarios a los funcionarios y personal laboral al servicio de éstas. En el capítulo de capital, se incluye las inversiones y los gastos en infraestructura con el fín de incrementar el capital físico de la economía, además de su mantenimiento, con el fin de mejorar la capacidad productiva del país. Por último, están las transferencias que se componen básicamente de las pensiones públicas, los subsidios de desempleo, las prestaciones sanitarias, etc. Lo que caracteriza a las transferencias es que el estado no recibe ninguna contraprestación por parte de las personas, empresas o entes que recibe dichos fondos.
El gasto junto con los ingresos que obtiene un estado conforman el presupuesto, que representa la cuenta de resultados anual de la economía, y esto implica que si los ingresos son mayores que los gastos se produce superhávit presupuestario, y al contrario se produce un déficit. Cuando los ingresos son sistemáticamente menores que los gastos se produce un déficit crónico que termina acumulándose en la deuda pública que emite el estado para financiar dicho desequilibrio. Tanto los ingresos fiscales como el gasto público son dos herramientas de política económicas que junto con las reformas estructurales y las medidas coyunturales forman el cuerpo de estratégias que los gestores públicos pueden utilizar para conseguir objetivos económicos y sociales.
El gasto de las administraciones públicas tiene que cubrir una serie de servicios y actuaciones. En concreto, debe financiar unos servicios públicos básicos como puede ser la justicia, la seguridad ciudadana y la defensa. También debe pagar aquellas partidas de gasto social destinadas a pensiones, desempleo, servicios sociales, sanidad, educación y otras prestaciones de la Seguridad Social. Existen acciones específicas en materias como infraestructuras, investigación y desarrollo, industria, energía, agricultura y pesca, comercio y turismo. Y finalmente, debe sufragar los gastos de estructura de la organización administrativa del estado y los intereses de la deuda pública. Como se puede observar, son muchas las partidas a financiar en el desarrollo de su política económica, pero realmente el grueso de gasto público se concentra en pocas partidas como pueden ser sanidad, educación, pensiones, desempleo e intereses de la deuda pública, las cuáles vienen a representar los pilares básicos del modelo de estado de bienestar en Europa.
Durante los últimos años no se ha evaluado correctamente los beneficios que determinado gasto puede generar en la economía, teniendo en cuenta que los costes impositivos deberán ir en consonancia con los gastos. Hay que tener presente también que es difícil determinar qué volumen de gasto público es esencial en una economía, y cuál de ellos representan los pilares de un funcionamiento correcto del estado. Lo que sí se observa es que la partida que más ha aumentado durante las últimas décadas ha sido las dirigidas a gasto social, y un perfil óptimo de eficiencia es conseguir los objetivos marcados con el mínimo coste posible. De otra manera, además de ser un gasto no productivo, ni siquiera consigue una correcta redistribución de la renta, y por tanto termina siendo deuda que hipoteca el futuro.
