El gasto público desempeña un papel determinante en la estabilidad y el crecimiento económico de un país. La globalización económica y sobre todo financiera acontecida desde finales del siglo pasado, ha ido creando nuevas dinámicas que han complicado la consecución de objetivos económicos y los efectos de las políticas de gasto público en la economía interna. El equilibrio a largo plazo de las finanzas públicas está influenciado por los ingresos obtenidos vía impuestos principalmente, y sobre todo por los gastos que el sector público realiza, el cuál viene a representar un porcentaje elevado de su Producto Interior Bruto, y en concreto, hay países donde la importancia relativa del gasto más la inversión es incluso mayor que lo que representa el sector privado.
Desde un punto de vista económico, el gasto público puede dividirse en: gasto corriente o consumo público, gasto en capital y transferencias. El primer tipo de gasto engloba la compra de bienes y servicios por parte de las administraciones públicas, y sobre todo el gasto en salarios a los funcionarios y personal laboral al servicio de éstas. En el capítulo de capital, se incluye las inversiones y los gastos en infraestructura con el fín de incrementar el capital físico de la economía, además de su mantenimiento, con el fin de mejorar la capacidad productiva del país. Por último, están las transferencias que se componen básicamente de las pensiones públicas, los subsidios de desempleo, las prestaciones sanitarias, etc. Lo que caracteriza a las transferencias es que el estado no recibe ninguna contraprestación por parte de las personas, empresas o entes que recibe dichos fondos.
El gasto junto con los ingresos que obtiene un estado conforman el presupuesto, que representa la cuenta de resultados anual de la economía, y esto implica que si los ingresos son mayores que los gastos se produce superhávit presupuestario, y al contrario se produce un déficit. Cuando los ingresos son sistemáticamente menores que los gastos se produce un déficit crónico que termina acumulándose en la deuda pública que emite el estado para financiar dicho desequilibrio. Tanto los ingresos fiscales como el gasto público son dos herramientas de política económicas que junto con las reformas estructurales y las medidas coyunturales forman el cuerpo de estratégias que los gestores públicos pueden utilizar para conseguir objetivos económicos y sociales.
El gasto de las administraciones públicas tiene que cubrir una serie de servicios y actuaciones. En concreto, debe financiar unos servicios públicos básicos como puede ser la justicia, la seguridad ciudadana y la defensa. También debe pagar aquellas partidas de gasto social destinadas a pensiones, desempleo, servicios sociales, sanidad, educación y otras prestaciones de la Seguridad Social. Existen acciones específicas en materias como infraestructuras, investigación y desarrollo, industria, energía, agricultura y pesca, comercio y turismo. Y finalmente, debe sufragar los gastos de estructura de la organización administrativa del estado y los intereses de la deuda pública. Como se puede observar, son muchas las partidas a financiar en el desarrollo de su política económica, pero realmente el grueso de gasto público se concentra en pocas partidas como pueden ser sanidad, educación, pensiones, desempleo e intereses de la deuda pública, las cuáles vienen a representar los pilares básicos del modelo de estado de bienestar en Europa.
Durante los últimos años no se ha evaluado correctamente los beneficios que determinado gasto puede generar en la economía, teniendo en cuenta que los costes impositivos deberán ir en consonancia con los gastos. Hay que tener presente también que es difícil determinar qué volumen de gasto público es esencial en una economía, y cuál de ellos representan los pilares de un funcionamiento correcto del estado. Lo que sí se observa es que la partida que más ha aumentado durante las últimas décadas ha sido las dirigidas a gasto social, y un perfil óptimo de eficiencia es conseguir los objetivos marcados con el mínimo coste posible. De otra manera, además de ser un gasto no productivo, ni siquiera consigue una correcta redistribución de la renta, y por tanto termina siendo deuda que hipoteca el futuro.
Desde un punto de vista económico, el gasto público puede dividirse en: gasto corriente o consumo público, gasto en capital y transferencias. El primer tipo de gasto engloba la compra de bienes y servicios por parte de las administraciones públicas, y sobre todo el gasto en salarios a los funcionarios y personal laboral al servicio de éstas. En el capítulo de capital, se incluye las inversiones y los gastos en infraestructura con el fín de incrementar el capital físico de la economía, además de su mantenimiento, con el fin de mejorar la capacidad productiva del país. Por último, están las transferencias que se componen básicamente de las pensiones públicas, los subsidios de desempleo, las prestaciones sanitarias, etc. Lo que caracteriza a las transferencias es que el estado no recibe ninguna contraprestación por parte de las personas, empresas o entes que recibe dichos fondos.
El gasto junto con los ingresos que obtiene un estado conforman el presupuesto, que representa la cuenta de resultados anual de la economía, y esto implica que si los ingresos son mayores que los gastos se produce superhávit presupuestario, y al contrario se produce un déficit. Cuando los ingresos son sistemáticamente menores que los gastos se produce un déficit crónico que termina acumulándose en la deuda pública que emite el estado para financiar dicho desequilibrio. Tanto los ingresos fiscales como el gasto público son dos herramientas de política económicas que junto con las reformas estructurales y las medidas coyunturales forman el cuerpo de estratégias que los gestores públicos pueden utilizar para conseguir objetivos económicos y sociales.
El gasto de las administraciones públicas tiene que cubrir una serie de servicios y actuaciones. En concreto, debe financiar unos servicios públicos básicos como puede ser la justicia, la seguridad ciudadana y la defensa. También debe pagar aquellas partidas de gasto social destinadas a pensiones, desempleo, servicios sociales, sanidad, educación y otras prestaciones de la Seguridad Social. Existen acciones específicas en materias como infraestructuras, investigación y desarrollo, industria, energía, agricultura y pesca, comercio y turismo. Y finalmente, debe sufragar los gastos de estructura de la organización administrativa del estado y los intereses de la deuda pública. Como se puede observar, son muchas las partidas a financiar en el desarrollo de su política económica, pero realmente el grueso de gasto público se concentra en pocas partidas como pueden ser sanidad, educación, pensiones, desempleo e intereses de la deuda pública, las cuáles vienen a representar los pilares básicos del modelo de estado de bienestar en Europa.
Durante los últimos años no se ha evaluado correctamente los beneficios que determinado gasto puede generar en la economía, teniendo en cuenta que los costes impositivos deberán ir en consonancia con los gastos. Hay que tener presente también que es difícil determinar qué volumen de gasto público es esencial en una economía, y cuál de ellos representan los pilares de un funcionamiento correcto del estado. Lo que sí se observa es que la partida que más ha aumentado durante las últimas décadas ha sido las dirigidas a gasto social, y un perfil óptimo de eficiencia es conseguir los objetivos marcados con el mínimo coste posible. De otra manera, además de ser un gasto no productivo, ni siquiera consigue una correcta redistribución de la renta, y por tanto termina siendo deuda que hipoteca el futuro.
EL GASTO PÚBLICO EN EUROPA
El estado del bienestar que representa el modelo social europeo tiene como carácterística esencial el gran peso que el consumo público tiene sobre la actividad total de su economía. Si tomamos datos de la zona Euro, el peso del gasto total de las administraciones pública en el PIB ha aumentado desde el 30,4% de 1960 hasta el 47,7% de 2004. Si comparamos lo anterior con el peso del sector público en la economía de otras zonas como EEUU o Japón, 34,3% y 38,6% respectivamente, se puede ver que en Europa hay un mayor predominio del estado. El gasto público está orientado a proporcionar servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, la seguridad, las infraestructura y otras transferencias como la prestación por jubilación o por desempleo. Lógicamente el volumen total generado tiene que financiarse a través de los ingresos fiscales via impuestos básicamente. La estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas requiere de un equilibrio entre las partidas de gastos e ingresos, y una adaptación de éstas al ciclo económico, evitando actuar de forma procíclica, intensificando el desequilibrio, o generando una deuda que habrá que terminar pagando con ahorro que drena la capacidad de consumir y por tanto de crecimiento.
En Europa existe un factor a largo plazo que puede determinar la evolución futura a medio y largo plazo de las finanzas públicas y es el tema del envejecimiento de su población. Según datos de la Comisión Europea, el escenario previsto entre 2004 y 2050 en cuanto al aumento de la carga presupuestaria provocada por este envejecimiento será del 4,6% en la zona euro, sumando el aumento de las pensiones, la atención sanitaria y los cuidados de larga duración. Si nos centramos en España, el impacto antes de la reforma de las pensiones realizada hubiera sido del doble, llegando al 9,5%, debido básicamente al aumento de las pensiones en un 7,1%. Es evidente que este asunto representa un elemento de tensión en los presupuestos públicos que deberá ser abordado de manera que no genere un desequilibrio estructural en el largo plazo.
Actualmente el peso del sector público en la economía de la eurozona se ha incrementado debido a la puesta en marcha de los estabilizadores automáticos en determinados países, a causa del aumento del desempleo y de la presión demográfica de la población jubilada, cuyo carga en el presupuesto público crece a un ritmo que genera dudas sobre la estabilidad financiera de los estados en el futuro. Dicha estabilidad por tanto requiere que el gasto público se reajuste a la capacidad de generar ingresos en el medio y largo plazo, ya que de otra manera un desequilibrio permanente no es sostenible, y termina generando tensiones financieras y perjuicio al crecimiento tal como estamos viviendo en la actualidad. Por ello, es importante que las políticas de gasto se adapten al ciclo económico, puesto que la prudencia macroeconómica indica que en las fases expansivas no se deben actuar de forma procíclica, esto es, gastando más, sino ahorrando ese excedente de manera que pueda ser utilizado en las fases de recesión o bajo crecimiento para estimular la economía.
En Europa existe un factor a largo plazo que puede determinar la evolución futura a medio y largo plazo de las finanzas públicas y es el tema del envejecimiento de su población. Según datos de la Comisión Europea, el escenario previsto entre 2004 y 2050 en cuanto al aumento de la carga presupuestaria provocada por este envejecimiento será del 4,6% en la zona euro, sumando el aumento de las pensiones, la atención sanitaria y los cuidados de larga duración. Si nos centramos en España, el impacto antes de la reforma de las pensiones realizada hubiera sido del doble, llegando al 9,5%, debido básicamente al aumento de las pensiones en un 7,1%. Es evidente que este asunto representa un elemento de tensión en los presupuestos públicos que deberá ser abordado de manera que no genere un desequilibrio estructural en el largo plazo.
Actualmente el peso del sector público en la economía de la eurozona se ha incrementado debido a la puesta en marcha de los estabilizadores automáticos en determinados países, a causa del aumento del desempleo y de la presión demográfica de la población jubilada, cuyo carga en el presupuesto público crece a un ritmo que genera dudas sobre la estabilidad financiera de los estados en el futuro. Dicha estabilidad por tanto requiere que el gasto público se reajuste a la capacidad de generar ingresos en el medio y largo plazo, ya que de otra manera un desequilibrio permanente no es sostenible, y termina generando tensiones financieras y perjuicio al crecimiento tal como estamos viviendo en la actualidad. Por ello, es importante que las políticas de gasto se adapten al ciclo económico, puesto que la prudencia macroeconómica indica que en las fases expansivas no se deben actuar de forma procíclica, esto es, gastando más, sino ahorrando ese excedente de manera que pueda ser utilizado en las fases de recesión o bajo crecimiento para estimular la economía.
Si analizamos el gasto público en la zona euro del cuadro anterior se puede observar que más de un 20% del gasto total va destinado a remuneración del personal al servicio de las administraciones. La partida más importante está representada por las transferencias corrientes que representan básicamente subvenciones y transferencias a las familias vía seguridad social y empresas. También se puede observar la reducción del porcentaje del PIB destinado a intereses y como ha disminuido desde 1998 a 2004, no tanto por la reducción del volumen de deuda pública, sino por la introducción del Euro y la capacidad de endeudarse a menor coste.
Si observamos el gráfico anterior podemos ver que la deuda pública de la zona euro y de sus principales economías no sólo no ha disminuido durante los últimos quince años, sino que se ha mantenido e incluso se ha incrementado con la crisis originada en 2008. Hay que hacer mención de la deuda pública española e irlandesa que se comportaron bastante mejor que las de el resto de países durante los diez años previos a la crisis. Podemos comprobar pues que el modelo de bienestar europeo no se ha visto dañado desde la década de los sesenta, al menos desde las perspectiva del peso del gasto público dentro de la economía, y del mantenimiento de unos niveles de endeudamiento relativamente altos para los estándares observados en el resto del mundo.
EL GASTO PÚBLICO EN ESPAÑA
Si observamos el gráfico anterior podemos ver que la deuda pública de la zona euro y de sus principales economías no sólo no ha disminuido durante los últimos quince años, sino que se ha mantenido e incluso se ha incrementado con la crisis originada en 2008. Hay que hacer mención de la deuda pública española e irlandesa que se comportaron bastante mejor que las de el resto de países durante los diez años previos a la crisis. Podemos comprobar pues que el modelo de bienestar europeo no se ha visto dañado desde la década de los sesenta, al menos desde las perspectiva del peso del gasto público dentro de la economía, y del mantenimiento de unos niveles de endeudamiento relativamente altos para los estándares observados en el resto del mundo.
EL GASTO PÚBLICO EN ESPAÑA
España por su parte está viviendo un momento económico particular difícil, debido entre otras cuestiones al endeudamiento excesivo de las familias y de empresas, sobre todo del sector inmobiliario y bancario, que finalmente, una vez pinchada la burbuja de precios y admitida las pérdidas provocadas por la depreciación de dichos activos, el estado pasa a nacionalizar y ayudar a las entidades financieras quebradas engrosando el gasto público, e incluso la deuda pública sin pasar por los Presupuestos Generales del Estado. El problema financiero que ha originado el exceso de endeudamiento privado no ha sido pues un problema de unas malas finanzas públicas, cuyo nivel de endeudamiento era de los mas bajos de Europa al inicio de la crisis, sino por el monto total de ambas, ya que los inversores entienden que los préstamos que no se pueden devolver a las entidades financieras terminan generando un rescate del estado, convirtiendo deuda privada en deuda pública. Obviamente, esta situación dificulta bastante la financiación de la economía española en su conjunto, y lógicamente la capacidad de atraer unos préstamos exteriores necesarios ante el escaso ahorro interno existente, por lo que, si a esto le añadimos un incremento rápido del desempleo y un descenso brusco del consumo privado y la inversión, que no puede ser absorbido por el gasto público debido a la escasez de financiación comentada, la situación se plantea grave y con un coste social alto.
Nuestro país ha seguido un patrón de crecimiento del gasto público en su economía similar al resto de países de la zona euro. España partía en 1960 con un porcentaje del 20,30% sobre el PIB, lo que representaba diez puntos menos que la media de la eurozona, para plantarse en el 45,60% del PIB en 2010, a solo cinco puntos. Esto supone un gran empuje del sector público dentro de la economía, y por tanto un gran avance de los indicadores de desarrollo del país, reconocido por organismos internacionales como la ONU en su Indicador de Desarrollo Humano (IDH). Por tanto, el país en su conjunto ha realizado un fuerte incremento del gasto corriente en educación, sanidad, seguridad y transferencias, además de un enorme esfuerzo inversor en infraestructuras que ha llevado al país a tener unas infraestructura muy avanzadas dentro del grupo de economías desarrolladas, reconocido por el Word Economíc Forum en su Índice de Competitividad Global (GCI).
Sin embargo, la situación actual impone un fuerte recorte del gasto público debido entre otras razones por la falta de financiación de su economía, y la presión de los socios europeos del Euro para que países como España o Italia ajusten sus ingresos y sus gastos de manera que consigan estabilizar los niveles de deuda en el medio plazo, y se evite una dinámica insostenible de crecimiento de deuda que termine con una salida desordenada del Euro y una grave crisis económica. Por tanto, a día de hoy se impone una senda de consolidación presuestaria que el ejecutivo central ha plasmado en un programa de estabilidad 2012-2015, acordado con sus socios europeos bajo presión, para poder obtener una línea de crédito de 100.000 millones de euros con los que financiar el saneamiento de su sistema financiero nacional.
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| Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad |
Hay que realizar también un comentario sobre la eficiencia y eficacia de las políticas de gastos realizadas por las distintas administraciones públicas antes de la crisis. Como es sabido, la etapa previa de crecimiento económico ha impulsado enormemente el gasto de organismos públicos sin una justificación y control adecuados. De sobra es conocido las construcción de infraestructuras que están inoperativas o que son muy deficitarias, con lo que no solo no aportan una mejora a la productividad general del país, sino que además suponen una carga que habrá que pagar con deuda futura. En cuanto al gasto corriente, tampoco es un ejemplo de eficiencia en tanto que la descentralización administrativa del estado ha generado un incremento importante del coste de personal y de organismos redundantes no productivos, a lo que hay que añadir una estructura paraoficial de empresas públicas y otras agrupaciones que han supuesto un enorme gasto en transferencias con una coste/beneficio dudoso, o al menos desconocido. En definitiva, un incremento constante del gasto público dentro de la economía de un país no supone una mejora del bienestar de sus ciudadanos, en tanto que parte de ese gasto genera deuda que habrá que pagar en el futuro y no tiene un beneficio objetivo y medible para la población. Un análisis previo del coste de un servicio, infraestructura o transferencia por parte del estado, y sobre todo del resultado obtenido conforme a criterios de eficiencia, es estrictamente necesario en momentos de enorme transcendencia como el actual, en el que se están cuestionando pilares del modelo de estado de bienestar europeo. No es imprudente ni aventurado afirmar que se puede mantener perfectamente unos servicios básicos de sanidad, educación, seguridad e infraestructuras si se elimina la gruesa capa de gasto que aporta poco al bienestar de los ciudadanos o incluso sólo generan privilegios y no derecho. Un ejemplo ha sido la falta de rigor en el control presupuestario del gasto y el desvio de fondos hacia hacia actividades delictivas que están siendo juzgadas en la actualidad, y ponen de manifiesto la enorme cantidad de recursos que se han perdido por el camino, y serían de gran utilidad en un momento tan crucial para nuestro país.
